El sueldo promedio de una persona que trabaja en negro ronda los $ 6.300 en el norte del país y en la Argentina. Con este monto, el empleado alcanza a cubrir solo la mitad de la Canasta Básica Total (CBT) que incluye alimentos, indumentaria y servicios básicos, y que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en agosto costó $ 12.500. Este ingreso es que requirió una familia tipo de la Argentina, integrada por dos adultos y dos menores, para no caer en la pobreza.
No obstante, según un estudio nacional, que elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), el 42% de los trabajadores argentinos no ganan los $ 12.500 para eludir la línea de la pobreza. El estudio recalcó que la remuneración promedio de un asalariado informal cubre sólo el 50% del valor económico de la Canasta Básica Total de agosto.
“El ingreso promedio en un empleado formal en la Argentina se calcula en $19.200. Por lo tanto, el sueldo de un trabajador informal apenas cubre la mitad de lo necesario para no caer en la línea de la pobreza”, advirtió el informe al que accedió LA GACETA.
“La tajante segmentación en el mercado laboral tiene impacto decisivo en la situación social, ya que los trabajadores informales representan un tercio de los asalariados y dos tercios de los cuentapropistas que trabajan en el país. Este escenario impulsa la informalidad laboral al 42% del total de ocupados”, insistió Idesa en su análisis.
Un segmento amplio de argentinos, continuó el reporte del organismo que conduce el economista Osvaldo Giordano- afronta, en la actualidad, bajas perspectivas de insertarse en el mercado de trabajo registrado. “En algunos casos, esto induce a la inactividad laboral, con lo cual el hogar pierde una fuente de ingresos; en otros, aún trabajando, los ingresos son tan bajos que le impide a la familia superar la línea de la pobreza”, observó Idesa.
Crear empresas
La asociación entre pobreza e informalidad laboral es estrecha. Quienes no consiguen un empleo formal tienen muchas posibilidades de no generar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Además, al trabajar por fuera de la legalidad, sin apoyo sindical, no pueden obtener actualizaciones salariales para enfrentar la inflación. Entonces, para superar este escenario, la clave está en no sólo controlar la suba de precios, sino también en que el Estado aliente la creación de empleo privado registrado.
Así lo expuso el economista, Félix Piacentini, director de la consultora Noanomics, quien subrayó que el trabajo en negro afecta a más del 40% de los trabajadores del norte argentino. “Este problema persiste desde 2011 en todo el país. En el norte, el podio de la informalidad laboral lo encabezan Santiago del Estero, Salta y Tucumán. Para afrontar esto es fundamental crear empresas privadas”, sostuvo el especialista, durante una entrevista con este diario.
Según detalló, para absorber el exceso de empleo público en el país, que supera las 500.000 personas, y para reducir el empleo informal a la mitad, que ahora ronda el 23%, la Argentina necesita unas 300.000 empresas nuevas. “Esto implica un 47% más de las que hay actualmente”, insistió el experto.
El primer paso para avanzar hacia la solución de la informalidad laboral es dejar de generar empleo público en exceso. “Este problema llevó al Estado -en todos sus niveles- a no invertir en infraestructura, sino a gastar en sueldos públicos”, remarcó Piacentini, y agregó que el segundo paso es reducir la presión de impuestos que pesa sobre el sector privado para alentar la inversión y la apertura de nuevos puestos de trabajo registrado.
“En los últimos 12 años, las provincias aumentaron la presión fiscal del 3,5% al 6% y todo (lo recaudado) fue a gastos de salarios. Con más presión fiscal, se alienta el empleo en negro, porque las empresas no pueden afrontar los costos laborales que se pagan para tener empleados registrados”, añadió el economista.
En el final de su informe, Idesa aseguró que sincerar la agenda de políticas públicas es tan importante como el sinceramiento de las estadísticas oficiales. “Pero la prioridad no es bajar el Impuesto a las Ganancias, ni reabrir las paritarias o mantener los subsidios a los servicios públicos, sino reducir la informalidad laboral. Para ello, el Estado necesita multiplicar las empresas, elevar la calidad educativa y modernizar las instituciones laborales”, concluyó el reporte.